FAN CONSIDERA COMPRAR 600 TANQUES EN CINCO AÑOS

América Latina

El Universal 12 Abril 2007 – Caracas

FAN CONSIDERA COMPRAR 600 TANQUES EN CINCO AÑOS

El comandante de la IV División Blindada y Guarnición Militar de Maracay, (G/D) Jesús Gregorio González González, adelantó que la Fuerza Armada Nacional (FAN) evalúa la adquisición de 600 vehículos blindados, en un lapso de cinco años, para repontenciar las unidades de caballería del Ejército, ubicadas en la zona fronteriza del estado Apure, y equipar a los nuevos grupos que esperan activar en el oriente del país.
Aseguró que varias empresas privadas de Bélgica no sólo están dispuestas a suministrar los tanques requeridos por Venezuela, sino también a transferir la tecnología, lo que garantizaría que, en dos años, se pudiera fabricar en territorio nacional las partes y repuestos de estos vehículos. No obstante, González González aclaró que también evalúan una oferta de Rusia, para la compra del tanque tipo BMP3.
La empresa belga ofreció los tanques tipo BMPS, dotados con misiles antiaéreos y antitanques, ametralladoras y cañones, así como el modelo Iguana, un vehículo ligero, que pesa 9,5 toneladas, adaptable a las características geográficas del país.
"El plan de adquisición está previsto para el período 2007-2013, como parte de la nueva doctrina militar, la cual apunta al fortalecimiento de la FAN", dijo el alto oficial, para luego señalar que actualmente el Ejército cuenta con 350 tanques operativos, reseñó ABN.

SABIEX Iguana - Veículo já apresentado no Brasil nas LAAD de 2003 e 2005

BMP-3 - Herdeiro da tradicional família de veículos blindados russos

La Jornada 04 Abril 2007 – México

CHILE PRETENDE DESTINAR 3 MMD (U$ 3 BI) A LA COMPRA DE ARMAS

DPA - Santiago de Chile. Chile destinará al menos tres mil millones de dólares a compras de armas durante el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, según estimaciones oficiales.
Los desembolsos se conocen al tiempo que el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y el Congreso negocian un nuevo modelo de financiamiento para la adquisición de material bélico.
El gasto para armas y equipos militares es sustentado a través de aportes directos que efectúa la cuprífera estatal Codelco, que debe traspasar el diez por ciento de sus ventas a las fuerzas armadas, con un piso de 150 millones de dólares.
Dichos cambios atarán las futuras inversiones a planes multinanuales de renovación de buques, tanques y aviones. Estos procesos tendrán idealmente plazos de cinco años, según dijo a la agencia DPA el diputado oficialista Patricio Hales, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara baja.
El ministerio del ramo, confirmó además Hales, preparó un proyecto que fue conocido por Bachelet. La iniciativa es estudiada actualmente por el nuevo titular de esa cartera, José Goñi, quien deberá enviarla en las próximas semanas al Congreso.
El debate tendrá como telón de fondo el hecho que nunca en su historia las Fuerzas Armadas dispusieron de tantos recursos. Ni siquiera durante los 17 años de dictadura militar (1973-1990).
Sólo en 2006, los institutos castrenses recibieron mil 300 millones de dólares, de los cuales ahorraron 360 millones de dólares. La cifra equivale al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para 2007 esperan captar otros 800 millones de dólares, mientras que para el bienio 2009-2010 aguardan unos mil millones, aunque con mayor volatilidad y dependiendo de los precios internacionales del cobre.
Hasta ahora el gobierno no informó sobre el destino que dará a los recursos. Ellos permitirían al país adquirir, por ejemplo, centenas de tanques antinucleares germanos Leopard, ocho submarinos francos españoles Scorpene o decenas de aviones F-16 de última generación.
De hecho, antes del boom cuprífero, Chile renovó su caballería blindada, actualizó su armada de guerra y reemplazó sus aviones de combate.
En ese marco, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, el también oficialista Renán Fuentealba, solicitó a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas que preparen un informe con todas las necesidades bélicas hasta 2020.
El objetivo es que Chile cuente con un sistema de defensa moderno y eficiente, según Fuentealba, de militancia democratacristiana.
Sobre lo mismo, Hales advirtió que la discusión no está zanjada en el Parlamento y que las compras de armas deben realizarse con criterios de seguridad, pero también de integración y desarrollo.
La estrategia de Bachelet pasará por derogar el actual modelo de financiamiento a través de Codelco, según adelantó hoy La Nación, el diario del gobierno.
Sustitutivamente, se establecerá un rango de aportes con un horizonte multianual, pero que no implicará una reducción estructural de los niveles actuales, según explicaron fuentes parlamentarias que pidieron anonimato.
Un efecto colateral del proyecto es que la iniciativa, de aprobarse, permitirá a Codelco capitalizar millonarios recursos.
Dichos fondos tendrían como destino principalmente inversiones mineras en Perú y Bolivia.

La Nacion 31 Março 2007

IMPULSO A LA INDUSTRIA MILITAR ARGENTINA

Poner en funcionamiento la empresa Talleres Dársena Norte (Tandanor) forma parte de un plan general de promover la industria naval argentina. Hace tres años empezó a pensarse en un triángulo formado por ese astillero, el Domecq García y el Río Santiago como un polo de producción. Los contratos militares serán la base de ese proyecto. Y empezarán con los cinco buques patrulleros que se construirán para la Armada. El primer encargo para Tandanor será un buque patrullero de alta mar, cuyo presupuesto es de 70 millones de pesos, según figura en el actual presupuesto. A ese navío seguirán otros cuatro similares.
Para asegurarse ese plan estratégico, el Estado debía quedarse con Tandanor. Los proyectos por realizarse allí ya estaban cerrados hace tiempo en las oficinas estatales, por lo que la decisión administrativa de ayer tiene detrás un plan ideado para tomar el control empresarial con propuestas de rápida concreción.
La iniciativa sobre Tandanor contemplaba en principio una fuerte participación de inversores privados extranjeros. Si bien el Estado queda ahora en control de ese astillero, los emprendimientos navales previstos en el mediano plazo esperan la participación de países del Mercosur ampliado en esos planes. Existen negociaciones políticas para que esos buques patrulleros por construir para la Armada sean seguidos por encargos del exterior.
La demora en esta reestatización -decidida políticamente en 2003- tuvo que ver con una lucha interna dentro de la industria naval. La dirigencia de los astilleros Río Santiago estaba preocupada por la posible competencia que significaría la reapertura total de Tandanor. Pero los contratos recibidos últimamente por Río Santiago quitaron temores. Allí fue renovada la Fragata Libertad, con un costo estimado en 50 millones de pesos, y se arman las barcazas petroleras pedidas por el gobierno venezolano.
La relación de los astilleros Río Santiago con Hugo Chávez es muy estrecha y el líder
bolivariano visita las instalaciones cada vez que viene a la Argentina. El astillero Domecq García, en cambio, está especializado en el trabajo sobre submarinos. Toda la expectativa está puesta ahora en la reparación que se hará allí en el San Juan, uno de los sumergibles de la Armada. Si el proyecto es exitoso, las autoridades nacionales saldrán a vender el servicio a las marinas del mundo. Los números que tienen sobre su mesa los responsables de Defensa y de la Armada indican que podrían mostrarse competitivos en ese rubro. El de ayer fue un paso más dentro de un plan que lleva varios años de iniciado.
La Armada, por ejemplo, abrió nuevamente la escuela de oficios en Puerto Belgrano para capacitar operarios civiles en cada paso que se requiere para construir o reparar un buque. Al estar fuera de servicio los astilleros, se perdieron las habilidades necesarias para la industria naval. Por eso se comenzó a perfeccionar a los trabajadores antes de lanzarse a realizar los proyectos.
En el caso de Domecq García se buscaron en el mundo las mismas máquinas que habían sido vendidas hace años por el propio astillero y fueron reinstaladas. A fines de los 80, los contratos con la Armada llevaron a construir fragatas, corbetas y submarinos en ese ahora renovado polo industrial. Esa capacidad es la que se intenta recuperar. Así, el Estado quiere meterse fuerte nuevamente en la industria militar.

EL GOBIERNO REESTATIZÓ EL ASTILLERO NAVAL TANDANOR

El Estado retoma otra empresa: se revocó una decisión de Menem. La ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo que será por decreto; sorpresa entre trabajadores.

Cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial, el Gobierno habrá sumado una compañía más al portafolio de empresas públicas. Ayer el presidente Néstor Kirchner anunció que volverá a la órbita del Estado el astillero Tandanor, privatizado en 1991 y después gerenciado por los trabajadores después de que quebrara el accionista mayoritario.
El Presidente firmó ayer un decreto de revocación de la decisión adoptada en 1991 por el entonces gobierno de Carlos Menen de vender el 90% de las acciones de Tandanor a la sociedad Industria Dársena Norte (Indarsa).
El anuncio corrió por cuenta de la ministra de Defensa, Nilda Garré, que dijo que el decreto "deja sin efectos la licitación y encomienda" a su cartera "tomar posesión inmediata de los astilleros, reorganizarlos e instrumentar un programa de propiedad participada" con los empleados.
Garré calificó la privatización de "una operación vergonzosa" y señaló que hubo "vicios notorios y manifiestos" en el proceso de licitación para la privatización de los astilleros, que supusieron bajar el precio de venta, pactado inicialmente en 168 millones de dólares, a 59,7 millones.
Actualmente, Tandanor tiene un plantel de 381 trabajadores y no recibe subsidios estatales para funcionar. Sin embargo, por cuarto año consecutivo, el astillero terminó el ejercicio con ganancias después de facturar 55 millones de pesos.
La ministra detalló que Indarsa sólo abonó una primera cuota -por US$ 7 millones-, y que en ese momento el Estado, en vez de rescindir la operación por la falta de pago, ejecutó los distintos pagarés y esto llevó a la quiebra de la firma.
La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores y a la dirigencia de la empresa. A pocos metros de la reserva ecológica de Costanera Sur, la compañía gerenciada por los trabajadores desde 1999 amaneció sin ningún conocimiento de la medida que, en principio, modificará su destino laboral.
"No sabemos nada. No es un proyecto que se haya consultado con el directorio de la empresa. Tampoco tenemos ninguna comunicación del Gobierno ni de la Justicia", dijo ayer a LA NACION el presidente de la compañía, Claudio González.
El astillero Tandanor es una empresa con algunas particularidades. En 1991 se privatizó, pero años más tarde, el accionista mayoritario quebró. La Justicia, entonces, nombró un síndico que se hizo cargo de seguir los números de la compañía.
Con el accionista mayoritario en quiebra, en julio de 1999, Tandanor designó un directorio conformado por trabajadores que todavía se mantienen a cargo de la gestión del astillero.
"Hubo tres años donde los trabajadores capitalizamos nuestros sueldos porque no había posibilidad de pagarlos. En 2002 se empezaron a ver los frutos. Ahora el astillero da ganancias y está pagando las cuotas de la convocatoria", dijo González.
Sucede que después de la quiebra de Indarsa, Tandanor se presentó en convocatoria de acreedores. Pero la reactivación del sector, de la mano de la ventaja competitiva que le da a la Argentina el nivel de salarios bajos en términos de dólares, hizo de esa empresa, inviable años atrás, pasara a ser a una compañía con perspectivas positivas.
Así las cosas, Tandanor inició un proceso de saneamiento. Pagó $ 7 millones de un total de 25 a los que asciende la deuda concursal.
"Estamos al día con el acuerdo y sin deuda posconcursal. Aún se deben $ 18 millones con vencimientos en los próximos cinco años. La compañía está marchando bien", sostuvo González.

Licitación sospechada

El proceso de licitación de los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), uno de los más grandes del país, desembocó después en una causa judicial por irregularidades en la que están involucrados empresarios y directivos de bancos.
Uno de los principales encausados por este juicio, bajo los cargos de defraudación al Estado y administración infiel, era el recientemente fallecido Antonio Erman González, ministro de Defensa y de Economía durante el gobierno de Menem. La causa judicial por irregularidades en la privatización se inició en 2000.
El grupo adjudicatario Indarsa, compuesto por las firmas BHU Amro, Brisard Sud Marine y Catma, debía pagar al Estado una suma total de unos 59 millones de dólares, discriminada en 7 millones en efectivo y los restantes 52 millones financiados en bonos de deuda pública.
Pero, según la investigación, a los pocos meses de la licitación se modificaron las condiciones en favor del grupo, pues sólo debía pagar la suma inicial, con un plazo de 10 años para el resto, con tres años de gracia. Finalmente se pagó una sola cuota.

F I M